Opinión de invitado: ¿Contraterrorismo o control? La guerra contra las drogas como instrumento imperialista de EE. UU. para la intervención en el Sur Global

André Victor Mendes Rosa La historia reciente demuestra que, para Estados Unidos, el terrorismo no siempre es una categoría analítica; con frecuencia es una licencia geopolítica. En el caso de Brasil, esa lógica vuelve a manifestarse en la decisión de clasificar a los grupos Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) como «Terroristas Globales Especialmente Designados» (SDGT, por sus siglas en inglés) y de avanzar hacia su eventual inclusión como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). La medida no debe interpretarse únicamente como una medida técnica de seguridad. Se trata de una elección política de gran alcance, pues desplaza el narcotráfico brasileño del campo criminal al ámbito del contraterrorismo internacional, un lenguaje jurídico, financiero y militar históricamente movilizado por Washington para ampliar su capacidad de vigilancia, sanción e intervención sobre otros territorios. El punto central no es minimizar la gravedad del PCC y del CV. Ambas son organizaciones criminales violentas que generan graves impactos y daños sobre comunidades, instituciones públicas y la seguridad del Estado. La cuestión decisiva es otra: ¿quién define ese encuadramiento, con qué intereses y con qué consecuencias geopolíticas? Cuando Estados Unidos clasifica a facciones brasileñas como «terroristas globales», no solo describe un fenómeno criminal. También está creando una justificación para activar instrumentos de presión económica, financiera, diplomática y, potencialmente, militar sobre países del Sur Global. La distinción entre la designación como SDGT y como FTO es clave para comprender el alcance de la medida. La categoría FTO, prevista en la sección 219 del Immigration and Nationality Act, permite al Gobierno estadounidense establecer un registro administrativo, notificar al Congreso, publicar la designación en el Registro Federal y activar consecuencias jurídicas y financieras específicas para la organización señalada. En cambio, la designación SDGT, vinculada a la Orden Ejecutiva 13224, se centra principalmente en el ámbito de las sanciones económicas y financieras, permitiendo el bloqueo de activos y la restricción de transacciones con personas, entidades u organizaciones asociadas al financiamiento del terrorismo. En términos prácticos, la categoría SDGT funciona como un mecanismo de bloqueo de activos, sanción financiera y control de flujos económicos. La categoría FTO, por su parte, añade un mayor peso jurídico y simbólico al encuadrar a una organización extranjera dentro del marco del terrorismo internacional. La combinación de ambos instrumentos amplía la capacidad de EE. UU. para proyectar poder más allá de sus fronteras. Por ello, la medida no puede entenderse como una simple cooperación en materia de seguridad, sino como la incorporación del caso brasileño a una arquitectura global de control con centro en Washington. La justificación oficial sostiene que la medida busca proteger la seguridad nacional estadounidense, impedir la entrada de drogas en su territorio y desarticular redes de narcoterrorismo. Sin embargo, el narcotráfico es un fenómeno mucho más complejo que la existencia de organizaciones armadas. Surge de la interacción entre desigualdad social, demanda internacional de drogas, corrupción, tráfico de armas, lavado de dinero y mercados ilícitos globalizados. Reducir esta realidad a la categoría de terrorismo simplifica el problema y lo inserta en una lógica de seguridad alineada con los intereses estratégicos de Estados Unidos. Esa simplificación es propia de la llamada «Guerra contra las Drogas». Desde la década de 1970, Estados Unidos ha impulsado una política centrada en el endurecimiento penal, el refuerzo de la acción policial, el encarcelamiento masivo y el fortalecimiento de agencias represivas. Su objetivo declarado era reducir el consumo y desarticular los mercados ilícitos, pero en la práctica ha contribuido, en numerosos contextos, a intensificar la violencia, la selectividad penal y la criminalización de poblaciones racializadas y territorios periféricos. Al trasladarse a América Latina, esta lógica adquiere una dimensión aún más marcada, en la que los países del Sur Global tienden a ser tratados como espacios de experimentación en materia de seguridad, vigilancia y control territorial. Diversos estudios muestran además que la represión no necesariamente elimina los mercados ilícitos. Con frecuencia los desplaza geográficamente, modifica sus rutas o favorece la aparición de nuevos actores criminales. Es el conocido «efecto globo»: la presión sobre una zona no elimina la actividad ilícita, sino que la desplaza hacia otros territorios. Lejos de desaparecer, las economías ilegales suelen reorganizarse, adaptarse y encontrar nuevas formas de operar. Desde esta perspectiva, la clasificación del PCC y del CV como organizaciones terroristas merece ser analizada con cautela. El riesgo es que el problema deje de abordarse como una cuestión compleja de seguridad pública y pase a integrarse en una narrativa global de contraterrorismo que amplía la capacidad de intervención de actores externos. Es en este punto donde la dimensión imperialista se vuelve evidente. El imperialismo contemporáneo no siempre se presenta como ocupación colonial directa. Muchas veces opera por medio de sanciones, listas restrictivas, certificaciones, cooperación policial, presiones diplomáticas, bloqueos financieros y narrativas globales de seguridad. Al controlar el sistema financiero internacional y la centralidad del dólar, EE. UU. logra transformar una designación doméstica en un instrumento con efecto extraterritorial. Una decisión tomada en Washington puede afectar a bancos, empresas, gobiernos, organizaciones civiles e individuos en diversos países. Hay, además, un elemento decisivo: la disputa por recursos naturales y por influencia económica en América del Sur. La clasificación de facciones brasileñas como amenaza terrorista no ocurre en un vacío geopolítico. Aparece en un momento en que Brasil y la región sudamericana se vuelven cada vez más relevantes para las cadenas globales de petróleo, minerales críticos, energía, alimentos, infraestructura y tecnología. Al mismo tiempo, América del Sur se ha convertido en uno de los espacios centrales de competencia entre Estados Unidos y otros países. En este contexto, el lenguaje del contraterrorismo puede funcionar como una herramienta de influencia ampliada. Al presentar el narcotráfico brasileño como amenaza terrorista transnacional, Estados Unidos refuerza los argumentos para ampliar la cooperación policial, el monitoreo financiero y la presencia de agencias en la región. Detrás del discurso de seguridad subyace también una disputa por la influencia económica, recursos estratégicos y liderazgo regional. Este movimiento también fortalece el complejo militar-industrial de defensa de EE. UU., uno de sus principales sectores económicos y que depende, en buena medida, de la existencia permanente de amenazas para justificar presupuestos, tecnologías de vigilancia y programas de cooperación internacional. Cuanto más se presenta al Sur Global como un espacio de riesgo, más fácil resulta legitimar nuevas herramientas de intervención. Es evidente que Brasil necesita enfrentar el poder armado y económico de organizaciones como el PCC y el CV, pero ello no implica aceptar sin reparos una agenda de seguridad subordinada al léxico estratégico de Estados Unidos. El combate al narcotráfico requiere inteligencia financiera, reducción de desigualdades, control de armas, reforma policial, lucha contra el lavado de dinero y políticas públicas que reduzcan la dependencia de los mercados ilegales. La simple militarización del problema tiende a reproducir el ciclo de violencia que afirma combatir. El título de «terrorista» posee una fuerte carga simbólica. Genera miedo, consenso y habilita medidas excepcionales. Por ello, su uso exige cautela. Cuando todo se etiqueta como terrorismo, el Estado puede empezar a actuar en lógica de guerra permanente. En ese contexto, las definiciones de seguridad internacional tienden a ser fijadas de forma unilateral, especialmente por potencias como Estados Unidos, con efectos directos sobre la soberanía de los países del Sur Global. Por lo tanto, la cuestión central es qué implica su eventual clasificación como organizaciones terroristas. La pregunta decisiva es si esa designación fortalece la soberanía y la seguridad pública democrática en Brasil o si, por el contrario, amplía la capacidad de Estados Unidos para sancionar, intervenir y condicionar políticas en la región. A mi juicio, el riesgo principal está en la segunda opción, al reconfigurar la vieja «Guerra contra las Drogas» bajo un nuevo marco contraterrorista más globalizado, punitivo y funcional a los intereses de Washington. En este sentido, considero que la decisión de Estados Unidos no debe leerse como una solución al narcotráfico, sino como parte de una expansión de herramientas de poder del imperialismo estadounidense. El combate al crimen organizado es necesario, pero no puede convertirse en un mecanismo de internacionalización militarizada de la seguridad pública de Brasil ni de ningún país. La fusión entre contraterrorismo y guerra antidrogas corre el riesgo de legitimar una política de intervención permanente en el Sur Global, vinculada no solo a la seguridad, sino también a disputas por recursos, mercados, rutas y alianzas estratégicas. El riesgo es que este marco consolide dinámicas de control externo que condicionen la autonomía de los Estados y restrinjan la capacidad de los países del Sur Global para definir soberanamente sus propios caminos de desarrollo. (André Victor Mendes Rosa es miembro del Laboratorio para el Estudio de la Gran Estrategia de Estados Unidos (LAB-GEST) y del grupo de investigación Nueva Economía de la Proyección) (Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente la postura de la Agencia de Noticias Xinhua)