Cuba denuncia que sanciones de EE. UU. buscan recrudecer presión económica en su contra
LA HABANA, 18 may (Xinhua) — El Gobierno cubano afirmó el lunes que ninguno de los dirigentes e instituciones del país sancionados por la Casa Blanca posee activos o propiedades bajo jurisdicción estadounidense, y sostuvo que las nuevas medidas buscan justificar un incremento de la presión económica contra la nación caribeña. «El Gobierno de EE. UU. lo sabe de sobra, tanto es así que ni siquiera hay evidencia que presentar. La retórica anticubana del odio trata de hacer creer que existen (estas pruebas) para justificar la escalada de su guerra económica total», escribió en X el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Las declaraciones del mandatario hacen referencia a las medidas anunciadas el lunes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra altos funcionarios, jefes militares e instituciones cubanas. Las disposiciones aprobadas por Washington contemplan el bloqueo de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones financieras con ciudadanos o entidades de ese país. «En la dirección de nuestro Partido, Estado, Gobierno y sus instituciones militares, nadie tiene activo o propiedad que proteger bajo jurisdicción estadounidense», indicó Díaz-Canel, y afirmó que Cuba continuará denunciando «de la manera más firme y enérgica el cerco genocida que busca estrangular a nuestro pueblo». El gobernante cubano calificó de «inmoral, ilegal y criminal» la orden ejecutiva estadounidense y sostuvo que la medida persigue y amenaza a terceros que quieran vender combustible a Cuba y penaliza a empresas que quieran invertir en la isla o simplemente le provean de bienes básicos como alimentos, medicamentos, aseos u otros. Según la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de EE. UU., las sanciones se aplican al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y a los ministros cubanos de Energía, Justicia y Comunicaciones. La lista también incorpora a jefes del Ejército Oriental y Central, al jefe de la contrainteligencia militar, a la Dirección General de Inteligencia, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional Revolucionaria. La medida ocurre en medio del aumento de tensiones entre Washington y La Habana tras acusaciones estadounidenses sobre presuntas «amenazas de seguridad» provenientes de Cuba y amenazas de ataque militar contra la nación caribeña. Fin
