Brasil crea programa para bloquear comunicaciones de organizaciones criminales desde las cárceles
RÍO DE JANEIRO, 13 oct (Xinhua) — El Gobierno de Brasil creó un programa nacional para bloquear el uso ilegal de teléfonos móviles y otros dispositivos de telecomunicaciones en las cárceles, con el objetivo de interrumpir las comunicaciones de las organizaciones criminales desde el interior de los centros penitenciarios y reforzar la seguridad pública, según un decreto publicado este martes.
El Programa Nacional de Neutralización de Comunicaciones Ilícitas en Establecimientos Penales establece mecanismos de cooperación entre el Gobierno federal, los estados y el Distrito Federal, con la participación de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), para identificar los dispositivos utilizados ilegalmente y agilizar el bloqueo de sus comunicaciones.
La medida incluye la creación del Registro Nacional de Perímetros de Seguridad Penitenciaria, una base de datos georreferenciada que reunirá información sobre las cárceles y sus áreas circundantes.
El registro estará bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y se integrará al Sistema Nacional de Información Penitenciaria (Sisdepen).
El decreto también regula el uso de inhibidores de señales de radiocomunicación en los establecimientos penitenciarios, que podrán ser utilizados por las administraciones participantes en el programa conforme a las condiciones establecidas en la normativa.
Uno de los principales instrumentos será una plataforma digital que permitirá a las autoridades penitenciarias remitir información técnica sobre los teléfonos identificados, incluido el código internacional de identificación del equipo, conocido como IMEI.
El Ministerio de Justicia dispone de un plazo de hasta 180 días para habilitar esta herramienta.
El nuevo mecanismo permitirá solicitar el bloqueo administrativo de teléfonos identificados en uso irregular dentro de las cárceles sin que sea imprescindible incautar físicamente los aparatos ni obtener una autorización judicial específica para cada bloqueo, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades federales.
La iniciativa busca hacer más rápida la respuesta frente a las comunicaciones clandestinas y mejorar la coordinación entre los responsables de la seguridad penitenciaria y los organismos encargados de las telecomunicaciones.
El uso ilegal de teléfonos móviles en las prisiones constituye uno de los desafíos de seguridad pública de Brasil, donde las autoridades buscan impedir que los integrantes de organizaciones criminales mantengan contacto con sus colaboradores en el exterior, coordinen actividades ilícitas o transmitan instrucciones desde los centros penitenciarios.
La nueva política se suma a las operaciones de inspección y a las herramientas tecnológicas empleadas para localizar y retirar dispositivos prohibidos de las cárceles.
Entre ellas figura la Operación Mute, coordinada por la Secretaría Nacional de Políticas Penales, que entre el 21 y el 25 de septiembre permitió incautar 598 teléfonos móviles en establecimientos penitenciarios de todo el país.
La operación movilizó a 4.212 policías penales, incluyó inspecciones en 107 establecimientos y alcanzó a unidades que albergan a más de 88.000 personas privadas de libertad, según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Fin
