Entrevista: Defensor de Derechos Humanos de Ecuador cuestiona operaciones antidrogas de EE. UU. y pide debido proceso
QUITO, 14 sep (Xinhua) — El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Ecuador criticó las operaciones militares de Estados Unidos contra el narcotráfico en el océano Pacífico, tras varios ataques contra embarcaciones pesqueras ecuatorianas que, según la organización, se habrían realizado sin el debido proceso y podrían constituir vulneraciones de derechos fundamentales. Fernando Bastias, coordinador del área de protección de víctimas del CDH, afirmó en entrevista con Xinhua que las intercepciones y destrucciones de embarcaciones ecuatorianas registradas entre enero y septiembre de 2026 se han realizado sin las debidas garantías procesales y ponen en riesgo a la comunidad pesquera del país sudamericano. «Estas destrucciones de embarcaciones son más bien herramientas discursivas de terror con las que supuestamente combaten la criminalidad, pero en el fondo vemos que están destruyendo barcos a diestra y siniestra», sostuvo. El pasado 7 de septiembre, el CDH y otros colectivos sociales emitieron un comunicado en el que exigieron el cese de los ataques de militares estadounidenses contra pescadores ecuatorianos y advirtieron que los hechos documentados no serían casos aislados. En el documento expresaron su preocupación por la escalada de operaciones que, según denunciaron, incluye abordaje violento, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada temporal, tortura y destrucción de embarcaciones pesqueras ecuatorianas durante 2026, particularmente contra pescadores de la provincia occidental de Manabí. Bastias indicó que, desde enero de 2026, el CDH ha documentado al menos 10 embarcaciones que, según sus registros, fueron interceptadas por personal militar estadounidense, con un total de al menos 181 pescadores involucrados. El caso más grave, según el CDH, corresponde a la embarcación «Fiorella», cuyos ocho pescadores permanecen desaparecidos desde el 20 de enero. A su parecer, la cooperación internacional en materia de seguridad debe ajustarse a la Constitución, al debido proceso y a los estándares internacionales de derechos humanos. Las denuncias se producen en medio de operaciones de Estados Unidos contra embarcaciones que Washington señala como supuestamente vinculadas con el narcotráfico y con el grupo criminal ecuatoriano «Los Choneros» en el Pacífico, mientras que sus homólogos ecuatorianos han indicado que algunas de estas embarcaciones presuntamente cumplían funciones de abastecimiento de combustible para actividades ilícitas. Bastias rechazó que la lucha contra el narcotráfico pueda justificar la destrucción de embarcaciones sin un procedimiento previo. «En ningún momento se ha presentado información sobre la razón para interceptar estas embarcaciones, salvo el discurso de que estaban llevando gasolina a otro lado para cometer delito, pero ninguna prueba», afirmó. «Si se está acusando a una embarcación que lleva contenedores de gasolina para entregarle a otra que va a traficar droga en alta mar, no tiene sentido absoluto que se destruya el único medio probatorio posible, que es la embarcación», sostuvo. A su juicio, un procedimiento adecuado debería permitir que las fuerzas estadounidenses intercepten y neutralicen una embarcación sospechosa, la incauten y comuniquen el caso a las autoridades ecuatorianas para que estas continúen con las investigaciones. El activista también denunció presuntas vulneraciones de los derechos a la vida y a la integridad personal, al señalar que algunos pescadores han relatado haber sido privados de libertad durante las operaciones y sometidos a tratos que calificó de tortura. «Cuando lo haces sin un debido proceso, estás poniendo en riesgo a toda esa gente. Hay una comunidad de pescadores organizada que está diciendo: Estamos en una situación de riesgo, pedimos auxilio», señaló. Bastias añadió que entre los años 1999 y 2009, cuando hubo presencia militar estadounidense en el puerto de Manta, en Manabí, mediante una base de apoyo para operaciones antidrogas, también se registraron denuncias sobre desapariciones forzadas en alta mar y destrucción de embarcaciones. «Todo procedimiento que busca combatir la criminalidad es legítimo, pero todo procedimiento legítimo, para que sea legal, tiene que seguir un debido proceso», concluyó el activista y abogado. Fin
