Tribunal Supremo de Venezuela autoriza a Halliburton reiniciar operaciones en el país
CARACAS, 27 jul (Xinhua) — El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela autorizó este lunes a la empresa estadounidense Halliburton el reinicio de sus operaciones en el país, al considerar que la paralización de sus actividades perjudica los intereses patrimoniales de la República y la reactivación de la industria petrolera. La decisión, contenida en la sentencia 327 de la Sala Social, otorga una medida cautelar a favor de la compañía y ordena al depositario judicial la entrega de los bienes muebles e inmuebles embargados, devolviéndolos a la empresa «en calidad de depositaria con facultades de uso, goce y disfrute por tratarse de bienes de carácter estratégico y críticos para la industria de hidrocarburos». Halliburton, segunda mayor empresa de servicios petroleros del mundo, cesó sus actividades en Venezuela el 30 de diciembre de 2020 por las restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, y enfrentaba además demandas de 57 extrabajadores por pago de prestaciones. En su fallo, los magistrados argumentaron que «constituye un hecho notorio que el país exige ingentes recursos para sortear las dificultades económicas» y que las empresas estratégicas del sector petrolero «son activos invaluables para la reactivación de la economía en beneficio del pueblo venezolano». La sentencia faculta a Halliburton «para realizar todo lo que conlleve su objeto social y el giro comercial, manteniendo la empresa en marcha», y dispone la designación de un veedor judicial con amplias facultades de revisión para supervisar el cumplimiento de la medida. La decisión se produce en un contexto en el que Venezuela busca acelerar la recuperación de su industria petrolera, que ya produce 1,2 millones de barriles diarios según cifras oficiales, con una meta de 1,4 millones para fin de año, mientras el país se repone de los sismos del 24 de junio que dejaron cuantiosos daños materiales y humanos. Dicha autorización se realiza, según el fallo, en el marco «del plan de reactivación general de la industria petrolera que está desarrollando el Ejecutivo Nacional'». Fin
