Andr\u00e9 Victor Mendes Rosa La historia reciente demuestra que, para Estados Unidos, el terrorismo no siempre es una categor\u00eda anal\u00edtica; con frecuencia es una licencia geopol\u00edtica. En el caso de Brasil, esa l\u00f3gica vuelve a manifestarse en la decisi\u00f3n de clasificar a los grupos Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV) como \u00abTerroristas Globales Especialmente Designados\u00bb (SDGT, por sus siglas en ingl\u00e9s) y de avanzar hacia su eventual inclusi\u00f3n como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en ingl\u00e9s). La medida no debe interpretarse \u00fanicamente como una medida t\u00e9cnica de seguridad. Se trata de una elecci\u00f3n pol\u00edtica de gran alcance, pues desplaza el narcotr\u00e1fico brasile\u00f1o del campo criminal al \u00e1mbito del contraterrorismo internacional, un lenguaje jur\u00eddico, financiero y militar hist\u00f3ricamente movilizado por Washington para ampliar su capacidad de vigilancia, sanci\u00f3n e intervenci\u00f3n sobre otros territorios. El punto central no es minimizar la gravedad del PCC y del CV. Ambas son organizaciones criminales violentas que generan graves impactos y da\u00f1os sobre comunidades, instituciones p\u00fablicas y la seguridad del Estado. La cuesti\u00f3n decisiva es otra: \u00bfqui\u00e9n define ese encuadramiento, con qu\u00e9 intereses y con qu\u00e9 consecuencias geopol\u00edticas? Cuando Estados Unidos clasifica a facciones brasile\u00f1as como \u00abterroristas globales\u00bb, no solo describe un fen\u00f3meno criminal. Tambi\u00e9n est\u00e1 creando una justificaci\u00f3n para activar instrumentos de presi\u00f3n econ\u00f3mica, financiera, diplom\u00e1tica y, potencialmente, militar sobre pa\u00edses del Sur Global. La distinci\u00f3n entre la designaci\u00f3n como SDGT y como FTO es clave para comprender el alcance de la medida. La categor\u00eda FTO, prevista en la secci\u00f3n 219 del Immigration and Nationality Act, permite al Gobierno estadounidense establecer un registro administrativo, notificar al Congreso, publicar la designaci\u00f3n en el Registro Federal y activar consecuencias jur\u00eddicas y financieras espec\u00edficas para la organizaci\u00f3n se\u00f1alada. En cambio, la designaci\u00f3n SDGT, vinculada a la Orden Ejecutiva 13224, se centra principalmente en el \u00e1mbito de las sanciones econ\u00f3micas y financieras, permitiendo el bloqueo de activos y la restricci\u00f3n de transacciones con personas, entidades u organizaciones asociadas al financiamiento del terrorismo. En t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, la categor\u00eda SDGT funciona como un mecanismo de bloqueo de activos, sanci\u00f3n financiera y control de flujos econ\u00f3micos. La categor\u00eda FTO, por su parte, a\u00f1ade un mayor peso jur\u00eddico y simb\u00f3lico al encuadrar a una organizaci\u00f3n extranjera dentro del marco del terrorismo internacional. La combinaci\u00f3n de ambos instrumentos ampl\u00eda la capacidad de EE. UU. para proyectar poder m\u00e1s all\u00e1 de sus fronteras. Por ello, la medida no puede entenderse como una simple cooperaci\u00f3n en materia de seguridad, sino como la incorporaci\u00f3n del caso brasile\u00f1o a una arquitectura global de control con centro en Washington. La justificaci\u00f3n oficial sostiene que la medida busca proteger la seguridad nacional estadounidense, impedir la entrada de drogas en su territorio y desarticular redes de narcoterrorismo. Sin embargo, el narcotr\u00e1fico es un fen\u00f3meno mucho m\u00e1s complejo que la existencia de organizaciones armadas. Surge de la interacci\u00f3n entre desigualdad social, demanda internacional de drogas, corrupci\u00f3n, tr\u00e1fico de armas, lavado de dinero y mercados il\u00edcitos globalizados. Reducir esta realidad a la categor\u00eda de terrorismo simplifica el problema y lo inserta en una l\u00f3gica de seguridad alineada con los intereses estrat\u00e9gicos de Estados Unidos. Esa simplificaci\u00f3n es propia de la llamada \u00abGuerra contra las Drogas\u00bb. Desde la d\u00e9cada de 1970, Estados Unidos ha impulsado una pol\u00edtica centrada en el endurecimiento penal, el refuerzo de la acci\u00f3n policial, el encarcelamiento masivo y el fortalecimiento de agencias represivas. Su objetivo declarado era reducir el consumo y desarticular los mercados il\u00edcitos, pero en la pr\u00e1ctica ha contribuido, en numerosos contextos, a intensificar la violencia, la selectividad penal y la criminalizaci\u00f3n de poblaciones racializadas y territorios perif\u00e9ricos. Al trasladarse a Am\u00e9rica Latina, esta l\u00f3gica adquiere una dimensi\u00f3n a\u00fan m\u00e1s marcada, en la que los pa\u00edses del Sur Global tienden a ser tratados como espacios de experimentaci\u00f3n en materia de seguridad, vigilancia y control territorial. Diversos estudios muestran adem\u00e1s que la represi\u00f3n no necesariamente elimina los mercados il\u00edcitos. Con frecuencia los desplaza geogr\u00e1ficamente, modifica sus rutas o favorece la aparici\u00f3n de nuevos actores criminales. Es el conocido \u00abefecto globo\u00bb: la presi\u00f3n sobre una zona no elimina la actividad il\u00edcita, sino que la desplaza hacia otros territorios. Lejos de desaparecer, las econom\u00edas ilegales suelen reorganizarse, adaptarse y encontrar nuevas formas de operar. Desde esta perspectiva, la clasificaci\u00f3n del PCC y del CV como organizaciones terroristas merece ser analizada con cautela. El riesgo es que el problema deje de abordarse como una cuesti\u00f3n compleja de seguridad p\u00fablica y pase a integrarse en una narrativa global de contraterrorismo que ampl\u00eda la capacidad de intervenci\u00f3n de actores externos. Es en este punto donde la dimensi\u00f3n imperialista se vuelve evidente. El imperialismo contempor\u00e1neo no siempre se presenta como ocupaci\u00f3n colonial directa. Muchas veces opera por medio de sanciones, listas restrictivas, certificaciones, cooperaci\u00f3n policial, presiones diplom\u00e1ticas, bloqueos financieros y narrativas globales de seguridad. Al controlar el sistema financiero internacional y la centralidad del d\u00f3lar, EE. UU. logra transformar una designaci\u00f3n dom\u00e9stica en un instrumento con efecto extraterritorial. Una decisi\u00f3n tomada en Washington puede afectar a bancos, empresas, gobiernos, organizaciones civiles e individuos en diversos pa\u00edses. Hay, adem\u00e1s, un elemento decisivo: la disputa por recursos naturales y por influencia econ\u00f3mica en Am\u00e9rica del Sur. La clasificaci\u00f3n de facciones brasile\u00f1as como amenaza terrorista no ocurre en un vac\u00edo geopol\u00edtico. Aparece en un momento en que Brasil y la regi\u00f3n sudamericana se vuelven cada vez m\u00e1s relevantes para las cadenas globales de petr\u00f3leo, minerales cr\u00edticos, energ\u00eda, alimentos, infraestructura y tecnolog\u00eda. Al mismo tiempo, Am\u00e9rica del Sur se ha convertido en uno de los espacios centrales de competencia entre Estados Unidos y otros pa\u00edses. En este contexto, el lenguaje del contraterrorismo puede funcionar como una herramienta de influencia ampliada. Al presentar el narcotr\u00e1fico brasile\u00f1o como amenaza terrorista transnacional, Estados Unidos refuerza los argumentos para ampliar la cooperaci\u00f3n policial, el monitoreo financiero y la presencia de agencias en la regi\u00f3n. Detr\u00e1s del discurso de seguridad subyace tambi\u00e9n una disputa por la influencia econ\u00f3mica, recursos estrat\u00e9gicos y liderazgo regional. Este movimiento tambi\u00e9n fortalece el complejo militar-industrial de defensa de EE. UU., uno de sus principales sectores econ\u00f3micos y que depende, en buena medida, de la existencia permanente de amenazas para justificar presupuestos, tecnolog\u00edas de vigilancia y programas de cooperaci\u00f3n internacional. Cuanto m\u00e1s se presenta al Sur Global como un espacio de riesgo, m\u00e1s f\u00e1cil resulta legitimar nuevas herramientas de intervenci\u00f3n. Es evidente que Brasil necesita enfrentar el poder armado y econ\u00f3mico de organizaciones como el PCC y el CV, pero ello no implica aceptar sin reparos una agenda de seguridad subordinada al l\u00e9xico estrat\u00e9gico de Estados Unidos. El combate al narcotr\u00e1fico requiere inteligencia financiera, reducci\u00f3n de desigualdades, control de armas, reforma policial, lucha contra el lavado de dinero y pol\u00edticas p\u00fablicas que reduzcan la dependencia de los mercados ilegales. La simple militarizaci\u00f3n del problema tiende a reproducir el ciclo de violencia que afirma combatir. El t\u00edtulo de \u00abterrorista\u00bb posee una fuerte carga simb\u00f3lica. Genera miedo, consenso y habilita medidas excepcionales. Por ello, su uso exige cautela. Cuando todo se etiqueta como terrorismo, el Estado puede empezar a actuar en l\u00f3gica de guerra permanente. En ese contexto, las definiciones de seguridad internacional tienden a ser fijadas de forma unilateral, especialmente por potencias como Estados Unidos, con efectos directos sobre la soberan\u00eda de los pa\u00edses del Sur Global. Por lo tanto, la cuesti\u00f3n central es qu\u00e9 implica su eventual clasificaci\u00f3n como organizaciones terroristas. La pregunta decisiva es si esa designaci\u00f3n fortalece la soberan\u00eda y la seguridad p\u00fablica democr\u00e1tica en Brasil o si, por el contrario, ampl\u00eda la capacidad de Estados Unidos para sancionar, intervenir y condicionar pol\u00edticas en la regi\u00f3n. A mi juicio, el riesgo principal est\u00e1 en la segunda opci\u00f3n, al reconfigurar la vieja \u00abGuerra contra las Drogas\u00bb bajo un nuevo marco contraterrorista m\u00e1s globalizado, punitivo y funcional a los intereses de Washington. En este sentido, considero que la decisi\u00f3n de Estados Unidos no debe leerse como una soluci\u00f3n al narcotr\u00e1fico, sino como parte de una expansi\u00f3n de herramientas de poder del imperialismo estadounidense. El combate al crimen organizado es necesario, pero no puede convertirse en un mecanismo de internacionalizaci\u00f3n militarizada de la seguridad p\u00fablica de Brasil ni de ning\u00fan pa\u00eds. La fusi\u00f3n entre contraterrorismo y guerra antidrogas corre el riesgo de legitimar una pol\u00edtica de intervenci\u00f3n permanente en el Sur Global, vinculada no solo a la seguridad, sino tambi\u00e9n a disputas por recursos, mercados, rutas y alianzas estrat\u00e9gicas. El riesgo es que este marco consolide din\u00e1micas de control externo que condicionen la autonom\u00eda de los Estados y restrinjan la capacidad de los pa\u00edses del Sur Global para definir soberanamente sus propios caminos de desarrollo. (Andr\u00e9 Victor Mendes Rosa es miembro del Laboratorio para el Estudio de la Gran Estrategia de Estados Unidos (LAB-GEST) y del grupo de investigaci\u00f3n Nueva Econom\u00eda de la Proyecci\u00f3n) (Las opiniones expresadas en este art\u00edculo son del autor y no reflejan necesariamente la postura de la Agencia de Noticias Xinhua)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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