Por Willey Pe\u00f1uela CARACAS, 27 mar (Xinhua) — Las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra Venezuela configuran un sistema complejo de restricciones financieras, comerciales y energ\u00e9ticas que ha impactado de forma estructural el funcionamiento de su econom\u00eda, con efectos particularmente severos desde 2017. En los \u00faltimos meses, Estados Unidos ha introducido una serie de medidas que flexibilizan parcialmente sus sanciones unilaterales contra Venezuela, en especial, mediante la emisi\u00f3n de licencias que ampl\u00edan ciertas actividades permitidas en sectores clave como el energ\u00e9tico. Sin embargo, estas acciones no implican la eliminaci\u00f3n de las sanciones, sino m\u00e1s bien una adaptaci\u00f3n selectiva del esquema restrictivo, que contin\u00faa vigente y mantiene limitaciones estructurales sobre la econom\u00eda venezolana. De acuerdo con datos del estatal Observatorio Venezolano Antibloqueo, al cierre de 2025 se contabilizaban m\u00e1s de 1.081 sanciones activas contra el pa\u00eds, dirigidas a personas, instituciones, empresas y sectores estrat\u00e9gicos. Estas medidas incluyen el bloqueo de activos venezolanos, la prohibici\u00f3n de financiamiento internacional y restricciones a la industria petrolera, principal fuente de ingresos de Venezuela, lo que ha limitado su capacidad de inserci\u00f3n en el sistema financiero global. El entramado sancionatorio se sustenta en \u00f3rdenes ejecutivas emitidas desde la Casa Blanca y regulaciones del Departamento del Tesoro de EE. UU., que han evolucionado hacia un modelo integral de presi\u00f3n econ\u00f3mica con efectos acumulativos muy perversos sobre la actividad productiva. A este esquema se suman sanciones secundarias que generan, o pretenden generar, un efecto disuasivo sobre terceros pa\u00edses y empresas, dificultando operaciones comerciales incluso fuera de la jurisdicci\u00f3n estadounidense, lo cual profundiza estructuralmente el da\u00f1o a la econom\u00eda venezolana. En paralelo, el sistema incorpora licencias generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que permiten excepciones espec\u00edficas dentro de un marco general de prohibiciones. Durante los primeros tres meses de 2026, Estados Unidos emiti\u00f3 un conjunto de nuevas licencias que ampl\u00edan las actividades autorizadas, particularmente en el sector energ\u00e9tico, sin desmontar el r\u00e9gimen sancionatorio vigente. La Licencia General 46, posteriormente actualizada, permite la producci\u00f3n, transporte y comercializaci\u00f3n de petr\u00f3leo venezolano con participaci\u00f3n de empresas extranjeras, bajo condiciones controladas. Por su parte, la Licencia 47 autoriza la exportaci\u00f3n de diluyentes desde Estados Unidos, insumo esencial para el procesamiento del crudo pesado venezolano y su colocaci\u00f3n en mercados internacionales. Las licencias 48 y 48A habilitan el suministro de bienes, servicios y asistencia t\u00e9cnica al sector petrolero, lo que facilita la reactivaci\u00f3n de infraestructura afectada por a\u00f1os de restricciones. En tanto, las licencias 49 y 49A permiten negociar contratos de inversi\u00f3n en petr\u00f3leo y gas, aunque su ejecuci\u00f3n depende de autorizaciones adicionales, lo que limita su alcance inmediato. La Licencia 50 y su actualizaci\u00f3n 50A autorizan operaciones de empresas energ\u00e9ticas internacionales en Venezuela, en un marco de supervisi\u00f3n financiera que condiciona el flujo de ingresos. Asimismo, la Licencia 30B facilita operaciones portuarias y aeroportuarias vinculadas al comercio energ\u00e9tico, contribuyendo a la reactivaci\u00f3n de rutas log\u00edsticas. En el \u00e1mbito financiero, la Licencia 5U permite transacciones relacionadas con bonos espec\u00edficos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, en un contexto marcado por disputas sobre activos externos. La Licencia 51, emitida recientemente, autoriza operaciones con oro venezolano, ampliando el espectro de actividades permitidas bajo condiciones regulatorias estrictas. Estas flexibilizaciones introducen espacios operativos para la econom\u00eda venezolana, especialmente en la producci\u00f3n y exportaci\u00f3n de hidrocarburos, con efectos potenciales sobre el ingreso nacional. Sin embargo, los mecanismos establecidos mantienen controles del poder estadounidense sobre los flujos financieros venezolanos, incluyendo la supervisi\u00f3n de pagos y restricciones sobre la libre disposici\u00f3n de recursos. El sistema resultante combina aperturas parciales con restricciones estructurales profundas que no han sido desmontadas, lo que limita el alcance de la recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica y mantiene condiciones de presi\u00f3n externa. En este contexto, es evidente que no se trata de un levantamiento de sanciones, sino de una flexibilizaci\u00f3n selectiva y controlada desde Washington. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodr\u00edguez, ha pedido con especial \u00e9nfasis en d\u00edas recientes el levantamiento total de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela, en el marco de la reanudaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n de las relaciones pol\u00edticas, diplom\u00e1ticas y econ\u00f3micas entre Caracas y Washington. Fin<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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