Por Sebasti\u00e1n Schulz La reciente convocatoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la iniciativa denominada \u00abEscudo de las Am\u00e9ricas\u00bb vuelve a colocar en el centro del debate la cuesti\u00f3n de la seguridad regional y el rol que Am\u00e9rica Latina y el Caribe (ALC) ocupan en la estrategia global de Washington. En noviembre de 2025, la Casa Blanca public\u00f3 una nueva estrategia de seguridad nacional en la que se plantea expl\u00edcitamente la necesidad de recuperar capacidad de control en Am\u00e9rica Latina y el Caribe, una regi\u00f3n que hist\u00f3ricamente ha sido considerada por Washington como su \u00e1rea de influencia directa y prioritaria. Por ende, la participaci\u00f3n de algunos l\u00edderes latinoamericanos en dicha reuni\u00f3n debe leerse en este contexto. El planteamiento se vincula, a su vez, con los debates m\u00e1s amplios sobre las caracter\u00edsticas de los procesos geopol\u00edticos en curso. En diversos documentos oficiales, Estados Unidos viene sosteniendo que debe recuperar el control de lo que denomina como \u00absu hemisferio\u00bb, es decir, el hemisferio occidental. Sin embargo, esta formulaci\u00f3n implica una operaci\u00f3n conceptual que busca desvincular a Am\u00e9rica Latina y el Caribe de su pertenencia estructural al Sur Global. Desde esta perspectiva, el objetivo estrat\u00e9gico de Estados Unidos consiste precisamente en bloquear los procesos de cooperaci\u00f3n Sur-Sur que los pa\u00edses latinoamericanos han venido desarrollando con otras naciones emergentes y en desarrollo. En este marco, la propuesta de construir un \u00abescudo\u00bb aparece como una met\u00e1fora bastante elocuente. Detr\u00e1s de esta idea se encuentra la intenci\u00f3n de crear un mecanismo de seguridad regional bajo tutela estadounidense que consolide el papel de Washington como una suerte de \u00absheriff regional\u00bb. La iniciativa, entonces, busca limitar la capacidad de los pa\u00edses latinoamericanos para definir sus propias agendas frente a los desaf\u00edos de seguridad que enfrentan y vetar cualquier tipo de cooperaci\u00f3n Sur-Sur con naciones consideradas como \u00abextra hemisf\u00e9ricas\u00bb. Seg\u00fan los lineamientos planteados por la Administraci\u00f3n Trump, el esquema implicar\u00eda otorgar a Estados Unidos un acceso amplio a infraestructuras militares, redes de inteligencia locales y capacidad de incidencia directa en las pol\u00edticas de seguridad nacionales. Bajo el argumento de combatir problemas como el narcotr\u00e1fico, el crimen organizado o las crisis migratorias, este tipo de iniciativas tiende, en la pr\u00e1ctica, a ampliar la capacidad de Washington para intervenir en los asuntos internos de los pa\u00edses de la regi\u00f3n. La experiencia latinoamericana muestra que los dispositivos de tal \u00edndole suelen funcionar como instrumentos para legitimar presiones pol\u00edticas, operaciones de inteligencia e incluso intervenciones militares en aquellos pa\u00edses que no se subordinan a los intereses estrat\u00e9gicos de Washington. En este sentido, las reiteradas amenazas provenientes de sectores de la pol\u00edtica estadounidense contra Cuba, incluida la posibilidad de endurecer el bloqueo econ\u00f3mico o promover medidas de presi\u00f3n directa contra el Gobierno de Miguel D\u00edaz-Canel, muestran hasta qu\u00e9 punto la ret\u00f3rica de la seguridad puede transformarse en un mecanismo de disciplinamiento sobre aquellos pa\u00edses que sostienen posiciones soberanas en el escenario regional. Al mismo tiempo, la concepci\u00f3n de seguridad que subyace a estas iniciativas se encuentra profundamente anclada en una l\u00f3gica militarista e intervencionista que dif\u00edcilmente puede ofrecer respuestas a los problemas estructurales que afectan a las sociedades latinoamericanas. Muchos de los principales desaf\u00edos de seguridad en la regi\u00f3n est\u00e1n vinculados con fen\u00f3menos como la desigualdad social, la pobreza, la fragilidad productiva, la inestabilidad financiera o las dificultades para consolidar procesos sostenidos de industrializaci\u00f3n. En ese sentido, resulta evidente que los problemas no se resuelven mediante el despliegue de flotas militares del Comando Sur, operaciones de inteligencia extranjeras o presencia de tropas externas. Por el contrario, requieren mayores inversiones en infraestructura, desarrollo productivo, integraci\u00f3n energ\u00e9tica, conectividad y proyectos estrat\u00e9gicos que fortalezcan las capacidades materiales de los pa\u00edses latinoamericanos. En segundo lugar, la iniciativa debe analizarse a la luz de la trayectoria hist\u00f3rica de las arquitecturas de seguridad promovidas por Estados Unidos en la regi\u00f3n. Desde la proclamaci\u00f3n de la Doctrina Monroe en 1823, la Casa Blanca ha concebido a Am\u00e9rica Latina como su \u00abpatio trasero\u00bb y ha impulsado diversos mecanismos institucionales destinados a consolidar esa posici\u00f3n. Instrumentos como el Tratado Interamericano de Asistencia Rec\u00edproca (TIAR) o la propia Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA) fueron presentados originalmente como sistemas de defensa colectiva. Sin embargo, en la pr\u00e1ctica han funcionado como plataformas para legitimar intervenciones unilaterales estadounidenses en los asuntos internos de los pa\u00edses latinoamericanos. Un ejemplo elocuente es la llamada \u00abcl\u00e1usula democr\u00e1tica\u00bb de la OEA, que en numerosas ocasiones ha sido utilizada desde una perspectiva selectiva para presionar o desestabilizar Gobiernos que no se subordinen con las prioridades de Washington. Durante la Guerra de las Malvinas en 1982, el TIAR no fue activado para respaldar a Argentina frente al Reino Unido. Asimismo, el aval o el silencio de la OEA ante los golpes de Estado en Honduras (2009) y Bolivia (2019) evidencian las debilidades de estos mecanismos, que a menudo han generado m\u00e1s tensiones que soluciones duraderas. En contraste, cuando Am\u00e9rica Latina y el Caribe pudo impulsar mecanismos propios de gesti\u00f3n de conflictos, los resultados fueron m\u00e1s positivos. La creaci\u00f3n de la Uni\u00f3n de Naciones Suramericanas (Unasur) y, en particular, de su Consejo de Defensa Sudamericano constituy\u00f3 un hito importante en esa direcci\u00f3n. Dicho espacio permiti\u00f3 establecer canales de di\u00e1logo pol\u00edtico y coordinaci\u00f3n regional que contribuyeron a desescalar tensiones, como la crisis entre Colombia y Venezuela en 2010, y a responder a situaciones de inestabilidad pol\u00edtica, como en Bolivia en 2008. Estas experiencias mostraron que la seguridad regional puede gestionarse con mayor eficacia cuando se basa en la cooperaci\u00f3n, la confianza mutua y el respeto a la soberan\u00eda de los Estados. Tambi\u00e9n cabe recordar que Am\u00e9rica Latina y el Caribe ha logrado consolidarse durante las \u00faltimas d\u00e9cadas como una zona de paz, entendida como un espacio regional en el que los conflictos interestatales han sido resueltos mayoritariamente mediante el di\u00e1logo pac\u00edfico y mecanismos diplom\u00e1ticos. En un mundo atravesado por un proceso de caos sist\u00e9mico, conflictos y turbulencias, esto es algo que es necesario preservar y reivindicar. La preservaci\u00f3n de Am\u00e9rica Latina y el Caribe como zona de paz no ha sido un resultado autom\u00e1tico, sino el producto de un esfuerzo sostenido por parte de los propios pa\u00edses de la regi\u00f3n. Un ejemplo hist\u00f3rico de este compromiso fue la resoluci\u00f3n pac\u00edfica del conflicto territorial entre Argentina y Chile a fines de la d\u00e9cada de 1970 o, m\u00e1s recientemente, el papel de la Unasur en la gesti\u00f3n de crisis regionales. En tercer lugar, el debate sobre el \u00abEscudo de las Am\u00e9ricas\u00bb debe situarse en el contexto m\u00e1s amplio de las transformaciones del sistema internacional. El mundo atraviesa un per\u00edodo de cambios estructurales sin precedentes en el \u00faltimo siglo, caracterizado por m\u00faltiples transiciones simult\u00e1neas -econ\u00f3micas, tecnol\u00f3gicas, ambientales y geopol\u00edticas- que reflejan una redistribuci\u00f3n progresiva del poder global. Este proceso apunta al tr\u00e1nsito gradual desde un orden internacional predominantemente unipolar hacia uno m\u00e1s multipolar, en el que los pa\u00edses emergentes y en desarrollo buscan ampliar su participaci\u00f3n en la toma de decisiones globales. La creciente rivalidad geopol\u00edtica refleja la resistencia de algunos pa\u00edses a redistribuir el poder y democratizar la toma de decisiones globales, optando, en cambio, por preservar su hegemon\u00eda y actuar de manera unilateral. M\u00e1s que una simple competencia entre grandes potencias, el escenario actual muestra, por un lado, intentos de restauraci\u00f3n hegem\u00f3nica y, por otro, el fortalecimiento de asociaciones entre pa\u00edses del Sur Global orientadas a democratizar el orden internacional mediante un nuevo tipo de relaciones basadas en el respeto mutuo, el beneficio compartido y el aprendizaje rec\u00edproco. En este sentido, espacios como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe\u00f1os (Celac) pueden constituir plataformas fundamentales para articular posiciones comunes en materia econ\u00f3mica, pol\u00edtica y de seguridad. Ante propuestas militaristas y unilaterales, la regi\u00f3n latinoamericana y caribe\u00f1a ha de construir un enfoque alternativo de seguridad internacional basado en la cooperaci\u00f3n, el multilateralismo y el respeto a la soberan\u00eda estatal. Este enfoque debe promover una concepci\u00f3n de seguridad integral, cooperativa y sostenible, en la que la seguridad de un Estado no se construya a expensas de la de otros; debe respetar la soberan\u00eda y la integridad territorial de los pa\u00edses; y debe promover el di\u00e1logo, la mediaci\u00f3n y los mecanismos diplom\u00e1ticos frente al uso de la fuerza. Poder priorizar estos principios es fundamental para construir pol\u00edticas de seguridad duraderas, y que sean realmente efectivas frente a las nuevas amenazas como la ciberseguridad y seguridad tecnol\u00f3gica, el narcotr\u00e1fico, las crisis energ\u00e9ticas y alimentarias, la exacerbaci\u00f3n de la desigualdad, el cambio clim\u00e1tico y desastres naturales e incluso las pandemias y la seguridad sanitaria. Una mayor autonom\u00eda en materia de seguridad no solo ampliar\u00eda la capacidad de los pa\u00edses latinoamericanos para definir sus propias pol\u00edticas, sino que tambi\u00e9n contribuir\u00eda a fortalecer agendas de desarrollo, integraci\u00f3n regional y cooperaci\u00f3n internacional. En un orden internacional en transici\u00f3n hacia una mayor multipolaridad, Am\u00e9rica Latina y el Caribe enfrenta, en definitiva, una disyuntiva estrat\u00e9gica. La regi\u00f3n puede aceptar esquemas de seguridad dise\u00f1ados desde fuera, que reproduzcan relaciones de dependencia y subordinaci\u00f3n, o puede avanzar en la construcci\u00f3n de mecanismos regionales propios que le permitan fortalecer su soberan\u00eda, ampliar su autonom\u00eda y consolidarse como un actor con voz propia en el escenario internacional. (Sebasti\u00e1n Schulz es un soci\u00f3logo argentino e investigador de la Universidad Nacional de La Plata) (Las opiniones expresadas en este art\u00edculo son del autor y no reflejan necesariamente la postura de la Agencia de Noticias Xinhua)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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